Rafael Resnick Brenner, ex funcionario y mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP, se entregó tras quedar firme una condena de cuatro años de prisión por corrupción en la administración pública, confirmada por la Corte Suprema.

El ex jefe de la Regional Salta de la AFIP se presentó ante el juzgado federal de Adrián González Charvay, en Campana, y quedó arrestado inicialmente en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de esa ciudad.
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta ordenó su detención luego de que la Corte Suprema rechazara todos los recursos de su defensa y ratificara su responsabilidad penal por el delito de coimas.
La causa se inició en 2018, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, otro ex alto funcionario del organismo tributario. Ambos fueron acusados de participar en la concesión de beneficios mediante resoluciones favorables a distintos contribuyentes a cambio de sumas de dinero. Asimismo, se les imputó extorsionar a empresarios, exigiendo pagos para evitar involucrarlos en causas de trata laboral.
Estos hechos de corrupción ocurrieron durante la gestión de la AFIP bajo el mando de Echegaray, entre 2009 y 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
La fiscalía les atribuyó los delitos de concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial.
El caso llegó a juicio, donde empresarios confesaron haber pagado sobornos. En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner y a Fili, ex jefe del Área Jurídica de la AFIP, a cuatro y tres años de prisión respectivamente, por concusión en calidad de autor y partícipe necesario.
Además de ratificar esta condena, la Corte Suprema habilitó un segundo juicio contra Resnick Brenner por solicitar sobornos a un empresario a cambio de protección frente a posibles sanciones tributarias.
El ex funcionario, cercano a Echegaray, ya tenía una condena firme de tres años de prisión condicional y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vinculada al caso Ciccone Calcográfica. En ese expediente, la Justicia determinó su participación en la maniobra de Amado Boudou para apropiarse de la imprenta mediante testaferros.
Ambas condenas fueron unificadas por el Tribunal Oral Federal de Salta, que le impuso una pena total de cinco años y seis meses de prisión.
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